El Estado español hipoteca la costa

Madrid, 7 de octubre de 2012

El Gobierno ha aprobado el proyecto de reforma de la ley de costas en el Consejo de Ministros, que sólo beneficia a los especuladores y a quienes piensan en beneficios a corto plazo. Colaborado de forma activa en la destrucción de la costa española, en una línea de trabajo que no hace sino perjudicar la imagen de las playas del país. Ya afectadas por la especulación y el cemento.

Entre quienes se han visto satisfechos por la reforma propuesta, tambien han estado algunos voceros oficialistas -especialmente madrileños- que en las tertulias radiofónicas han argumentado como gran razón para tal desmán, que quieren tener en la playa al “chiringuito playero”, pese a que esté construido en zona de dominio público y vulnerando cualquier normativa.

El Gobierno, cuya habilidad para mostrar que lo blanco es negro ha sido notable en varias ocasiones, muestra como positivo el terminar con las preocupaciones de quienes han ocupado el suelo sin atenerse a la legalidad.

En la propia referencia dada tras el consejo de ministros afirmó que “hay diez mil viviendas en dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición. "La nueva Ley -dice- generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas veintitrés mil ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. De ellas, más de 1.700 son ocupaciones industriales y más de 3.000 son "chiringuitos": unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos. Así pues, garantías para los Okupas".

Quienes más pronto han reaccionado a esta iniciativa han sido los grupos que defienden la legalidad y la calidad de las costas:

WWF destaca que la reforma presentada por el gobierno no ha tenido en cuenta en las medidas el cambio climático y sus efectos sobre el litoral. El aumento de la altura del mar, el incremento en número e intensidad de los temporales, etc., están ya afectando a partes de nuestro litoral. La reforma debería proteger esas áreas y facilitar su desocupación para evitar daños personales y materiales y una avalancha de reclamaciones futuras.

WWF España destaca que la reforma supone un retroceso para la protección del litoral, por la prevalencia de los intereses particulares sobre el interés general.

También, en este sentido, debe entenderse la extensión a 75 años de las concesiones y adscripciones en el dominio público y la posibilidad de transmisión de sus bienes, sin que existan condiciones para su revisión.

La propuesta legislativa, según la organización conservacionista, creará gran inseguridad jurídica, por decisiones como repetir el deslinde de la Isla de Formentera o la intención de revisarlo cada 10 años dando lugar a un gran número de reclamaciones. A día de hoy, se desconoce el coste que supondrá al contribuyente la aplicación de la presente reforma debido al gran número de reclamaciones, el coste de rehacer los deslindes, el coste de asumir las reclamaciones futuras y el coste al defender las infraestructuras y las debido al aumento de los temporales.

Greenpeace es rotunda. Dice: “Ganan los que especularon. Ganan los ayuntamientos que permitieron barbaridades. Ganan los futuros propietarios de suelos vírgenes de salinas, o dunas muertas, donde se pueda construir un paseo marítimo o que no se inunden por lo menos cinco veces en los próximos diez años. Perdemos todas y todos.

En otras materias se habla de recortes. Pero el planteamiento del proyecto de Ley de Costas significa que el Estado tendrá que hacer frente a muchos y nuevos gastos. Se hipoteca la costa 75 años más. Se okupa la costa, por el Estado; por los amigos del Estado. ¿Quién va a pagar el nuevo deslinde?

¿Quién va a pagar el permitir consolidar viviendas en suelo inundable?

¿Se va a aumentar el número de funcionarios para hacer seguimiento de las concesiones otorgadas a casi perpetuidad? Es decir viviendas e industrias que tienen 75 años de concesión.

¿Quién va pagar el mantenimiento de la línea de costa si tan solo en 2013 se reduce el presupuesto para esas labores a la mitad?

¿Quién va a pagar los costes de la subida del nivel del mar por el cambio climático? Son muchas preguntas. Pero la importante es: ¿le importa al gobierno que la costa deje de ser pública? Que se permita que “lo hecho, hecho está”.

Ecologistas en Acción rechaza rotundamente la modificación de la Ley de Costas aprobada en el Consejo de Ministros. “La ley reduce peligrosamente la protección del litoral existente hasta ahora, favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa y establece infinidad de excepciones sin justificación. Se trata de una ley aprobada sin la necesaria participación social, hecha a la medida de intereses particulares, que olvida el cambio climático y su efecto sobre la costa”.

El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía.

Además, Ecologistas en Acción critica que se excluyan del DPMT un total de 11 zonas asociadas a la costa sin ningún criterio científico ni justificación técnica. Es una medida que abunda en la privatización del litoral y en su desprotección.

La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático. Ignorar esta realidad acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones asociadas a las costas y a las rías.

Ecologistas en Acción subraya que la reforma aprobada no trae soluciones, sino que genera nuevos problemas por el cambio de rumbo que supone con respecto a la anterior ley. “Si el contenido de la reforma es censurable, también lo es el modo en el que se ha llevado a cabo su aprobación, sin la necesaria participación social”.

Desde Guiarte.com, nos posicionamos en el bando crítico. Si se quiere una sociedad seria, hay que ponerse en el lado de la legalidad; si se quiere un turismo de calidad hay que ponerse en contra de quienes esquilman la costa; si se quiere una sociedad segura, hay que evitar las construcciones en terrenos que la naturaleza acaba reclamando como suyos.