Guiarte.com, 12/07/2017
España está destrozando su patrimonio costero. A primera vista, el observador podría pensar que la proliferación de edificaciones en el territorio es una muestra de progreso y riqueza. Un error grave.
Es cierto que hoy se acoge en el Mediterráneo español a un número creciente de turistas… pero no vienen porque este sea un hábitat más atractivo que antes, sino por otras razones; la primera de ellas porque más del 50 por ciento de la costa mediterránea (y aún otros notables espacios turísticos del orbe) ha perdido atractivo por culpa del terrorismo y la inseguridad.
Greenpeace elabora un informe periódico sobre la destrucción de la costa, y el de este año señala que las provincias españolas en las que más ha crecido la urbanización los últimos 24 años son Castellón con un 148 por ciento, Granada con 146 por ciento, Valencia con 118 por ciento, Cádiz con 111 por ciento y Almería con 107 por ciento. En total, la urbanización en la costa española ha crecido un 57 por ciento en ese periodo. Los analistas han recurrido a las imágenes de satélite para cuantificar los daños.
El ansia por ocupar el espacio costero hace que descienda el encanto natural del frente marino y se degraden sus aguas. Y eso es lamentable porque hay comunidades que viven de ellas y un ecosistema que se daña por la contaminación de las aguas, los vertidos, el tráfico incontrolado de embarcaciones… y hasta la contaminación acústica.
Pierde el verdor y gana el cemento. Pierde el ciudadano y gana el especulador y el corrupto.
Y en esa costa encementada quedan también recuerdos para el futuro. huellas de unas acciones tan ambiciosas como ilegales o agresivas. Basta recordar proyectos urbanísticos como el del hotel ilegal del Algarrobico (Almería), el Acuario sin abrir del Puerto de Cádiz, las obras paralizadas de Puerto Mayor en la Manga del Mar Menor, la abandonada central nuclear de Lemoniz en ruina desde hace 30 años o el puerto exterior de los 1.000 millones de euros de obra en Langosteira (A Coruña).
El daño ha sido inmenso… pero podría continuar en el futuro si no se defiende la protección y la legalidad. A ello contribuiría un “resurgir” de la política del ladrillo y el innegable efecto del cambio climático.
Los autores del informa demandan como urgentes las siguientes acciones:
Poner en valor de forma efectiva los espacios naturales protegidos del país. La red Natura 2000 debe tener una gestión real dentro de los planes de las CC. AA.
Blindar las zonas que aún se mantienen intactas.
Desde un punto de vista científico, es recomendable ampliar las escalas temporales de planificación, no cada cuatro años.
Exigir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales y el cumplimiento de las leyes de manera que se desmantelen las construcciones ilegales, o en completo desuso, para restaurar el espacio que fue destruido.
Mantener la calidad del medio ambiente como base para el turismo, que supone el 11,7 por ciento del PIB nacional.
Reconocer en los Presupuestos Generales del Estado el impacto real del cambio climático en la costa para liberar de construcciones los espacios más peligrosos y restaurar la defensa natural que supone la costa bien conservada.
La costa española mantiene mayor calidad en el norte peninsular. Playa en San Vicente de la Barquera. Imagen de Guiarte.com
Mapa de la presión urbanizadora en la costa de Mataró-Girona. Greenpeace.org