El fin primordial de la nueva norma, a la que sólo se opuso el Grupo Popular, es dar más eficacia a la lucha contra los incendios forestales. Se creará una Fiscalía especial para perseguir delitos ambientales, se pone en marcha de un Fondo para el Patrimonio Natural, se convierte a los guardas forestales en agentes de la autoridad y, muy importante, se prohíbe cambiar el uso forestal del suelo quemado para convertirlo en urbanizable durante al menos 30 años después de producirse el incendio. Un golpe a los especuladores.
La ley establece una fiscalía especial contra delitos ecológicos.
Una iniciativa que merece el apoyo de quienes aman la naturaleza. Ahora esperemos que sea eficaz.
Entre el efecto especulativo –urbanizaciones- y la acción humana debida a otros factores –laboreos agrícolas, industriales, etc- la superficie boscosa sufre una constante agresión. A ello hay que añadir la sequía.
En España la sequía es un fenómeno histórico recurrente. Se inicia con una disminución del agua de lluvia y de forma progresiva afecta a la disponibilidad de agua en los ríos, embalses y acuíferos y sus efectos dependen del volumen de agua almacenada tanto en embalses como en acuíferos. A ello hay que añadir el agravamiento del problema por el cambio climático.
Y el país se degrada y desertiza. Ya en 1977 en la Conferencia sobre Desertización de Naciones Unidas de Nairobi, se elaboró un mapa de los desiertos, en el que España era el único país de Europa Occidental incluido con un índice muy alto de desertización en todo el sureste peninsular.
El tema es serio. La protección de montes es clave.
Andalucía; paisaje boscoso en Cazalla de la Sierra. imagen de Ignacio Muro. guiarte.com. Copyright